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Toros, ¿tortura o cultura?

24 Ago

Concentración antitaurina en Bilbao

Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento de las personas». Esta sentencia, irrefutable desde una sensibilidad social acorde con el respeto, la protección y la defensa de todos los seres vivos, está recogida en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, promulgada el 15 de octubre de 1987 por Naciones Unidas. Este texto, plenamente vigente en nuestros días, responde a un compromiso ético en nuestra relación con los animales, incompatible con el maltrato.

El Parlamento de Canarias, al igual que otros muchos, apela a este documento en la Exposición de Motivos que justifica la aprobación en 1991 de la primera iniciativa legislativa en el Estado español que prohíbe las corridas de toros en una comunidad autónoma. Lamentablemente, esta propuesta, respaldada por el Partido Popular, no es un referente de progreso en el ámbito del reconocimiento de los derechos de los animales porque si bien impide su utilización en espectáculos que conlleven crueldad o sufrimiento, autoriza las peleas de gallos en aquellas localidades en las que exista una tradición al respecto. Es cierto que establece unos requisitos determinados -edad mínima de dieciséis años para poder asistir y condiciones de las instalaciones-, pero la realidad es que no se pueden celebrar corridas de toros en las Islas Canarias y sí peleas de gallos. El porqué de tanto sinsentido es simple: allí no hay afición taurina y sí hay, en cambio, afición por los combates de aves de corral.

He tomado como eje de esta reflexión el caso insular por un doble motivo; primero, para dejar constancia de que el Parlament de Catalunya no ha sido pionero en abolir las corridas de toros, lo que invalida las tesis de quienes quieren ver en esta decisión la larga sombra del independentismo y anuncian un choque de identidades nacionales, que la derecha española parece temer, pero curiosamente alimenta con su discurso y sus actuaciones. En segundo lugar, Canarias, como he explicado anteriormente, es un buen ejemplo para poner de manifiesto el valor que se concede en este debate a la tradición, con el objetivo de sumar argumentos para defender desde el corazón lo que no se puede defender desde la razón. El Parlamento de las Islas ya recurrió, hace diecinueve años, a este concepto para dar carta de naturaleza a las peleas de gallos, al igual que hacen en la actualidad los valedores de los espectáculos taurinos para legitimar la muerte del toro en la plaza. No puedo entender y, menos aún, compartir este planteamiento. Creo en el valor de las tradiciones, pero sólo de aquellas que son compatibles con el reconocimiento de la dignidad de todos los seres vivos, incluidos los animales.

La evolución humana nos ha llevado históricamente, en nombre de un mayor civismo, a superar comportamientos y actividades que, pese a tener un gran arraigo en un momento, hoy nos parecen inaceptables desde una concepción ética.

No asumo el carácter cultural del espectáculo taurino, pero, aunque lo tuviera, ello no le resta un ápice de barbarie, ni debe ser una coartada para garantizar su supervivencia. Tampoco comparto las tesis de quienes apelan a la libertad para reivindicar las corridas de toros. Es cierto que la prohibición, desde una posición de izquierda, nunca debe ser esgrimida como la mejor opción; personalmente, me habría gustado que la llamada fiesta nacional hubiera desaparecido por falta de público en las plazas y, de hecho, éste habría sido su futuro a medio plazo, porque las nuevas generaciones no encuentran ningún aliciente en presenciar un acto en el que el sufrimiento de un animal se vende como arte. Sin embargo, siendo verdad lo anterior y sin obviar que la afición por la tauromaquia ya languidecía no sólo en Catalunya sino en el conjunto del Estado, en este caso concreto la decisión del Parlament, asumiendo una iniciativa legislativa popular avalada por 180.000 firmas, constituye un paso adelante a favor de la consolidación de una sociedad moderna, que no acepta que se ejerza violencia sobre un ser vivo.

En los últimos veinte años se han impulsado en diferentes comunidades leyes tendentes a preservar los derechos de los animales, poniendo el acento en la abolición del maltrato. Resulta obvio concluir que las corridas de toros no podían ser una excepción ‘sine die’, como tampoco lo han de ser las peleas de gallos en Canarias o los ‘correbous’, toros ensogados con los cuernos encendidos, todavía legales en Catalunya.

Me sorprende, y mucho, la actitud de las formaciones políticas vascas, que intentan esquivar este debate, como si nos fuera ajeno. Se equivocan quienes piensan que lograrán eludir un pronunciamiento público admitiendo su adhesión o su rechazo a las corridas de toros. Antes o después tendrán que retratarse, aunque ello conlleve alcanzar un pacto interno entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria, muchas de las cuales acogen en su seno posiciones tanto favorables como detractoras ante esta cuestión. Sopelana ya se anticipó en 2009, dando luz verde a una moción, respaldada por unanimidad, en la que se acordaba no programar actos con animales a los que se sometiera a sufrimiento. Sin duda, otros municipios seguirán este camino. No deja de ser una incoherencia que la Ley de Protección de los Animales prohíba en Euskadi el maltrato pero excluya el caso concreto de los toros, regulado por un decreto del Departamento de Interior. Las instituciones y sus representantes deben mostrar mayores dosis de rigor, en la medida en que la ciudadanía no puede comprender que el espectáculo taurino esté vigente en nuestra comunidad si la ley condena la crueldad contra los animales.

Claro que el Partido Popular apoya la abolición en Canarias y es su máximo valedor en España. Catalunya, por su parte, permite los ‘correbous’, al margen del sufrimiento que padece el astado. Confío en que a corto plazo la ética y el civismo tengan más fuerza que la tradición y la afición, y nos permitan superar, por fin, estas contradicciones. También en Euskadi.

Vía| Blog de Javier Madrazo

OS CUENTO: Javier Madrazo, con su claridad de ideas habitual, desmonta en forma simple y precisa el gesto del PP apoyando la fiesta taurina , significando que refleja una postura nacionalista catalana, con el solo fin de pillar (porque es un pillaje) un montón de votos para intentar el acceso al poder aún desoyendo la Declaración Universal de los Derechos del Animal de las Naciones Unidas. Oportunismo político se llama esto.

Nuestra opinión sobre esta salvajada nacional que llamamos fiesta ya la hemos dejado clara en este blog en repetidas ocasiones:

Abogamos por la civilizada supresión de los toros.

La sociedad civil se está concienciando paulatinamente y movilizando ante este bochornoso tema.

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Publicado por en 24 agosto 2010 en SOCIEDAD

 

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